¿Cuánto tarda una demanda judicial por impago?

Si has recibido un requerimiento judicial por impago o una notificación en relación a tus deudas y no sabes cuánto tarda una demanda judicial por impago, este artículo te será de gran utilidad para saber más sobre este proceso.

¿Qué entendemos como demanda judicial por impago?

Una reclamación o demanda judicial por impago de una deuda es un procedimiento de carácter judicial que tiene como objetivo la reclamación de una deuda económica, y que habitualmente se realiza a través del proceso monitorio.

Esta reclamación judicial de deudas se caracteriza por ser un proceso ágil y rápido que permite el cobro de las deudas en plazos de tiempo muy cortos, pero exactamente, ¿cuánto tarda una demanda judicial por impago?

Para llevar a cabo esta demanda, la deuda en cuestión debe cumplir los siguientes requisitos:

  • Los pagos de la deuda deben ser de forma dineraria.
  • Solo se reclaman aquellas deudas a plazo de pago vencido, y no a futuro.
  • La deuda debe ser totalmente exigible y al margen de cualquier contraprestación o condición.
  • La deuda tiene que ser determinada, con una cantidad líquida y fija de dinero.

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    ¿Cómo es el proceso judicial de reclamación de deudas?

    La demanda la lleva a cabo la entidad acreedora, que puede ser un particular, autónomo o empresa. La demanda judicial por impago se produce cuando el deudor no está cumpliendo con sus obligaciones de pago, tal como se estableció en el momento de formalizar el acuerdo.

    Para iniciar el proceso, se comienza con una reclamación previa a través de un burofax. En este punto se intenta negociar para llegar a un acuerdo sin recurrir a la vía judicial. En este escrito debe figurar la información siguiente:

    • Identidad de la persona deudora
    • Domicilios de acreedor y deudor
    • Explicación de cómo se ha originado la deuda
    • El motivo de la deuda y la cantidad en cuestión
    • Documentación que demuestre la existencia de esta deuda en forma de documentación notarial, facturas, albaranes o justificantes de transferencias bancarias.

    Si no se llega a ningún resultado satisfactorio, el acreedor presenta la demanda judicial por impago al Juzgado de Primera Instancia de la localidad de la entidad deudora. Aquí pueden pasar dos cosas: que el deudor pague la deuda o que niegue la existencia de esta.

    En este último caso, si el deudor se opone a pagar dicha deuda, el procedimiento pasa a la vía judicial. En este punto es fácil definir cuánto tarda una demanda judicial por impago.

    A través del Juzgado de Primera Instancia de la localidad del deudor se entrega la demanda al deudor, que dispone de 20 días para realizar el pago. En este punto puede darse que el deudor:

    • Pague en el plazo habilitado y se archive el proceso
    • No pague ni comparezca durante el plazo de 20 días. Si esto sucede el proceso de termina en este punto y el acreedor puede solicitar la ejecución de la deuda mediante el embargo de bienes del deudor, de sus nóminas, etc.
    • Se oponga a la deuda en cuestión. Si la cifra que se reclama está por debajo de los 6.000€, se procede a un juicio verbal. Si, por el contrario, la deuda ascienda a más de 6.000€ se presentará una demanda de reclamación de deuda por juicio ordinario.

    ¿Me puede ayudar la Ley de la Segunda Oportunidad?

    Si tu papel en este proceso es el de deudor y tienes deudas muy elevadas a las que no puedes hacer frente, debes saber que la Ley de la Segunda Oportunidad puede ser la vía de escape perfecta para afrontar un proceso como este. Como hemos visto anteriormente, uno de los efectos de la demanda judicial acaba siendo el embargo de tu sueldo y de tu patrimonio.

    Para evitar este proceso, o al menos mitigarlo en la medida de lo posible, existe la Ley de la Segunda Oportunidad, que te permite cancelar una parte de esas deudas. Así conseguirás un nuevo acuerdo para que puedas hacer frente a la deuda con cuotas mucho más reducidas.

    La Ley de la Segunda Oportunidad viene recogida en el BOE y está regulada por la Ley 25/2015. Esta ley es un mecanismo de ayuda para aquellos deudores que pasan por serias dificultades económicas y que no pueden seguir pagando las deudas, al que se pueden acoger siempre que cumplan con los requisitos para acogerse al a Ley de Segunda Oportunidad.

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